CARTA ABIERTA A TODOS LOS ALCALDES DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA

La noticia de un atropello mortal en Los Cristianos, en Tenerife, provocado por un patinete y que ha tenido como resultado el fallecimiento de una persona octogenaria, nos exige recordar y solicitar a los ayuntamientos, una regulación en ordenanza municipal, que ampare y proteja a la ciudadanía.

Si ya el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación y el Reglamento General de Vehículos, en materia de medidas urbanas de tráfico, establece que los vehículos de movilidad personal no pueden circular por aceras y zonas peatonales, y la Dirección General de Tráfico indica que la regulación del estacionamiento, de los mencionados vehículos, corresponde a los ayuntamientos en ordenanza municipal, no entendemos que la inmensa mayoría de los ayuntamientos canarios no lo hayan materializado. Que no exista una ordenanza clara y unas actuaciones rigurosas que acaben con el anarquismo que rodea a la circulación y al estacionamiento de los vehículos de movilidad personal, no se puede alargar en el tiempo.

Es una cuestión de seguridad pública, pues se pone en peligro la integridad de los peatones, especialmente la de las personas con discapacidad, las personas mayores y los menores. Unos colectivos con menor capacidad de respuesta, para esquivar un peligro si se trata de que estos vehículos circulan por zonas peatonales y también para garantizar que el estacionamiento no invada los itinerarios peatonales accesibles, no bloquee los cruces o no suponga una barrera más a sortear, de las muchas que encontramos.

Una ordenanza que, con el desembarco de empresas de alquiler de estos vehículos, debe dejar muy claras sus obligaciones y las limitaciones necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Delimitar zonas de estacionamiento, para entrega y recogida de los vehículos y obligar al anclaje de los mismos para evitar el riesgo sobre las personas.

Pero no basta con la elaboración de una ordenanza. La actuación debe llegar a meta y eso significa un riguroso control del cumplimiento de lo contenido en la ordenanza y un régimen de sanciones que haga posible la corrección de comportamientos incívicos que nos impiden el ejercicio de la plena ciudadanía.

Desde ADIVIA solicitamos a todos los/las alcaldes/a de los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura, que no demoren esta regulación. Nuestra indefensión es absoluta y el peligro es evidente. En nuestros pueblos y ciudades podemos convivir todos, si a todos se nos respetan los derechos que nos asisten.

Jose Gómez Gómez

Presidente de ADIVIA